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23 de enero de 2024

Ley Trans: Qué deben hacer las empresas antes del 2 de Marzo para evitar multas9 min

La ley Trans obliga a empresas +50 empleados a crear planes igualdad LGTBI para 03/2024 o enfrentan multas de hasta 150.000€

Categoría:
Tiempo de lectura
9 min
Autoría
Juancar Pliego
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El pasado marzo de 2023 entró en vigor en España la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, conocida comúnmente como Ley Trans.

Esta ley tiene como objetivo acabar con la discriminación que sufren las personas LGTBI+ en los diferentes ámbitos de la vida, desde el laboral y educativo hasta el sanitario o el acceso a bienes y servicios. Se trata de una ley histórica que busca garantizar la plena igualdad y proteger los derechos fundamentales de un colectivo que ha sufrido tradicionalmente exclusión y violencia en nuestra sociedad.

La Ley Trans obliga tanto a instituciones públicas como a empresas privadas a adoptar medidas para promover la inclusión y evitar cualquier tipo de discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género. Por ello, su entrada en vigor supone un hito dentro del reconocimiento legal de los derechos LGTBI+ en España.

Objetivo de la Ley Trans

El objetivo fundamental de la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales es acabar con la discriminación que sufren las personas LGTBI+ en todos los ámbitos de la vida, incluyendo el laboral, educativo, sanitario, social y familiar.

La ley busca combatir cualquier tipo de discriminación basada en la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Para ello establece medidas y obligaciones concretas para garantizar la igualdad real de las minorías sexuales y de género, protegiendo sus derechos y libertades fundamentales.

Con la aprobación de esta legislación se da un paso histórico en la lucha contra la LGTBIfobia. La ley envía un mensaje contundente de que cualquier tipo de discriminación hacia las personas LGTBI+ es inaceptable y debe ser erradicada de la sociedad.

Plazo para que las empresas se adapten

Las empresas españolas de más de 50 empleados tienen de plazo hasta el 2 de marzo de 2024 para adaptarse a la Ley Trans y poner en marcha un plan de igualdad que garantice los derechos de las personas LGTBI+.

La Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans entró en vigor en marzo de 2023. Sin embargo, concede un periodo de 12 meses a las empresas de más de 50 trabajadores para cumplir con la normativa.

Por lo tanto, todas las compañías y organizaciones de más de medio centenar de empleados tienen la obligación legal de implementar las medidas que exige la ley antes del 2 de marzo de 2024. De no hacerlo, se enfrentarán a duras sanciones económicas.

El plazo otorgado pretende dar un margen razonable a las empresas para adaptar sus protocolos y procedimientos internos. No obstante, la ley es clara en que transcurrido ese año de gracia, ya no habrá más excusas para incumplir la protección de derechos de las personas LGTBI+ en el ámbito laboral.

Plan de igualdad que deben adoptar las empresas

Según el artículo 15 de la ley, las empresas de más de 50 trabajadores deberán implementar antes de 12 meses un plan de igualdad para alcanzar la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+.

Este plan incluye:

  • Un protocolo de actuación para prevenir, detectar y erradicar el acoso o la violencia contra personas LGTBI+. Este protocolo establecerá procesos de denuncia y acompañamiento para las víctimas.
  • Otras medidas que serán acordadas a través de la negociación colectiva con los representantes de los trabajadores. Estas medidas se enfocarán en promover la inclusión, respeto y protección de derechos de personas LGTBI+ en el entorno laboral.
  • El contenido y alcance de estas medidas se desarrollarán en futuras regulaciones.

Indicadores de igualdad e incentivos

La Ley Trans también busca fomentar la implantación progresiva de indicadores de igualdad que tengan en cuenta la realidad de las personas LGTBI+ en las empresas, así como incentivar a aquellas que destaquen por la aplicación de políticas de igualdad y no discriminación.

Para ello, se prevé la creación de un distintivo que permita reconocer públicamente a las empresas que apliquen de forma ejemplar políticas de igualdad y no discriminación hacia las personas LGTBI+. Este distintivo servirá para visibilizar el compromiso de dichas empresas.

Además, a través del Consejo de Participación de las personas LGTBI+ se recopilarán y difundirán las buenas prácticas realizadas por las empresas en materia de inclusión de colectivos LGTBI+ y de promoción y garantía de igualdad y no discriminación.

De esta forma, se busca dar visibilidad a aquellas empresas que voluntariamente asuman un compromiso por garantizar entornos laborales libres de discriminación y que respeten plenamente los derechos de las personas LGTBI+. Al mismo tiempo, se fomenta la extensión de buenas prácticas que sirvan de ejemplo para otras organizaciones.

Sanciones por incumplimiento de la Ley Trans

La Ley 4/2023 recoge distintos tipos de sanciones para las empresas que incumplan la normativa sobre igualdad y no discriminación de las personas LGTBI+.

Las infracciones leves, como el uso de expresiones vejatorias, serán sancionadas con multas de entre 200 y 2.000 euros.

Las infracciones graves, como discriminar a alguien por su orientación sexual, conllevarán multas de 2.001 a 10.000 euros. Además, la empresa podría ver retirada o suspendida la concesión de subvenciones y ayudas públicas.

Finalmente, las infracciones muy graves se castigarán con multas de 10.001 a 150.000 euros. A esto se suma la posibilidad de que se le deniegue el acceso a subvenciones y ayudas públicas de forma permanente. Incluso se contempla el cierre temporal (hasta 3 años) del negocio infractor o el cese de su actividad por el mismo periodo.

Las sanciones económicas, por tanto, pueden ser muy elevadas, especialmente para las infracciones graves y muy graves relacionadas con actos claros de discriminación contra el colectivo LGTBI+. La ley busca así desincentivar estas prácticas e impulsar la plena igualdad y respeto de derechos.

Infracciones leves

Las infracciones leves se darán ante el uso de expresiones vejatorias contra personas por su identidad sexual, y serán sancionadas con multas de entre 200 y 2.000 euros, según establece la Ley.

Este tipo de infracciones incluyen insultos, mofas, comentarios despectivos u otras manifestaciones humillantes basadas en la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Aunque se trate de un solo comentario o actitud discriminatoria, la ley contempla estos casos como faltas leves sujetas a sanción económica.

La horquilla de multas va de los 200 euros para las infracciones más leves, hasta los 2.000 euros para los casos de vejaciones más graves que afecten seriamente la dignidad de la víctima. Las autoridades valorarán factores como la intencionalidad, la reiteración de los comentarios vejatorios o el alcance de difusión de los mismos.

En definitiva, este tipo de actitudes intolerantes por motivo de orientación sexual o identidad de género tienen ahora un reproche legal, a través de sanciones económicas disuasorias que buscan erradicar cualquier atisbo de LGTBIfobia en el entorno laboral.

Infracciones graves

Las infracciones graves se producen ante casos de discriminación grave contra personas LGTBI+, como por ejemplo otorgarles un trato menos favorable o denegarles una prestación en el acceso a bienes y servicios por motivo de orientación sexual, identidad o expresión de género.

Las sanciones por infracciones graves oscilan entre los 2.001 y 10.000 euros, además de otras medidas:

  • Retirada de subvenciones públicas reconocidas a la empresa infractora.
  • Prohibición de acceder a ayudas públicas por un período de hasta 3 años.
  • Prohibición de contratar con el sector público por un período de hasta 3 años.

Por tanto, negar el acceso a un servicio o denegar un puesto de trabajo a una persona LGTBI+ únicamente por su orientación sexual o identidad de género puede suponer una multa de miles de euros para la empresa, así como verse privada de ayudas públicas o posibilidad de contratar con la administración.

Es importante que las empresas revisen sus políticas y procedimientos para garantizar la igualdad efectiva y evitar cualquier tipo de discriminación que pueda suponer estas graves sanciones. La ley busca erradicar por completo las actitudes discriminatorias que aún persisten en algunos entornos laborales.

Infracciones muy graves

Las infracciones muy graves serán aquellas que supongan una discriminación grave contra las personas LGTBI+ en el ámbito laboral.

Estas infracciones llevarán asociadas multas de entre 10.001 y 150.000 euros, lo cual supone las sanciones económicas más elevadas contempladas en la ley.

Además, a las empresas que incurran en infracciones muy graves se les podrán imponer las siguientes sanciones adicionales:

  • Denegación de ayudas o subvenciones públicas que tuvieran reconocidas o hubieran solicitado.
  • Cierre del establecimiento o cese de la actividad por un periodo máximo de 3 años.

Es decir, las infracciones muy graves implican las multas más elevadas de hasta 150.000 euros, así como posibles sanciones adicionales como la pérdida de subvenciones o el cese temporal de la actividad empresarial.

El objetivo es desincentivar al máximo cualquier tipo de discriminación grave contra el colectivo LGTBI+ en el ámbito laboral. Las empresas deben ser conscientes de que incurrir en discriminaciones de este tipo puede tener consecuencias económicas y funcionales extremadamente negativas.

Conclusión

La Ley Trans aprobada en España en marzo de 2022 es un paso significativo para garantizar la igualdad y los derechos de las personas LGTBI+ en el ámbito laboral. La ley obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a implementar antes de marzo de 2024 planes de igualdad que incluyan medidas contra la discriminación, acoso y violencia hacia personas LGTBI+.

Los planes deben contar con protocolos para la atención de casos de acoso y ser acordados con los representantes de los trabajadores. Además, se fomenta que las empresas adopten indicadores de igualdad LGTBI+ y obtengan un distintivo por sus buenas prácticas.

El incumplimiento conlleva sanciones que van desde los 200 euros por infracciones leves, hasta los 150.000 euros por las muy graves, pudiendo suponer incluso el cierre temporal de la empresa.

En definitiva, la Ley Trans supone un avance clave para proteger los derechos de las personas LGTBI+ en el ámbito laboral, promoviendo la igualdad real y la no discriminación a través de planes obligatorios para las empresas y un régimen sancionador. Queda por ver su implementación efectiva para lograr el cambio cultural necesario en los entornos de trabajo.

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Juancar Pliego

Programador y diseñador web desde los principios y valores sociales 🏳️‍🌈 Toda visibilidad es poca 😛💜
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